La Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto que modifica la Ley de Control de Armas y el Código Procesal Penal.
Las modificaciones incluidas en la Ley 17.798, incluyen la restricción a la venta de armas; sanciona la fabricación, elaboración, importación, exportación y comercialización de armas sin autorización, y se castigarán con penas la colocación de artefactos explosivos.
En la ocasión, la jefa de Estado señaló: «hoy promulgamos una normativa que plasma una nueva forma de pensar y de asumir la seguridad. Es un paso más en el compromiso que tenemos como Gobierno para garantizar el derecho de las personas a vivir en un entorno de tranquilidad y de paz. Porque a eso es a lo que aspiramos la mayoría de quienes vivimos en nuestra patria, y no podemos dejar que unos pocos atenten contra esa voluntad mayoritaria”.
Respecto de las sanciones, existirán desde ahora la acumulación de penas y restricción de beneficios, por los delitos cometidos en ley de armas, las que se impondrán conjuntamente con las penas asignadas en los delitos y cuasidelitos que se cometan empleando las armas de fuego.
Con ello se aumentan las penas por el porte o tenencia ilegal de armas. Hasta hoy, cuando a alguien lo encontraban con un porte ilegal, lo que se hacía es que se aplicaban multas, pero con esta nueva ley, las penas por portar de manera ilegal un arma, van a ser de hasta 5 años de cárcel, agregó la Presidenta Bachelet.
En la misma dirección se hace un llamado a la regularización de las armas no inscritas, al incluir en la modificación una disposición transitoria, que señala que dentro del plazo de 180 días desde la publicación de la ley, las personas que tengan armas de fuego y por cualquier razón no la hubiera regularizado, lo tendrá que hacer, ante la autoridad fiscalizadora.
Es importante señalar que para poder realizar el trámite se debe contar con una guía de libre tránsito que permita al usuario trasladar el arma desde su casa a la autoridad fiscalizadora o unidad policial, o bien solicitar que un vehículo policial se acerque a su domicilio y así poder cumplir el tramite.
En temas de Seguridad Pública una de las medidas destacadas es que la pena se suma a aquella que se le aplique a un delincuente que haya cometido otro delito. Por ejemplo, en un caso de robo con intimidación la pena puede alcanzar hasta 20 años, a la que se sumará, la condena por porte ilegal -de hasta 5 años-, con lo que podría llegar a 25 años de cárcel.
Asimismo, la Presidenta afirmó que “se incorpora la figura de colocación de artefactos explosivos y la explosión de cajeros por saturación de gas en lugares de acceso público, con penas de cárcel que pueden llegar hasta los 15 años”.
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