Si bien en 2022 se destruyeron 18.000 mil armas, cinco mil más que en 2021, este año la cifra aumentó nuevamente en un 39%, llegando a las 25.015 armas, registrándose como la más importante desde que se realiza esta actividad.
El evento encabezado por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, contó con la presencia de la Ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y autoridades de las Subsecretarías de Prevención del Delito y Fuerzas Armadas, el Director General de Movilización Nacional (DGMN), General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme, el director de Aceros AZA Nicolás Uauy, junto a representantes de las instituciones castrenses, y autoridades locales, quienes participaron de la #Destruccióndearmas23, la más grande realizada en nuestro país desde el año 1990, con más de 25 mil armas y elementos que, se convertirán en #Acerosotenible gracias a la colaboración de Aza, empresa que lleva 19 años colaborando con esta importante labor.
En la actividad realizada en dependencias de Aceros AZA, se fundieron un total de 25.015 armas de fuego y otros accesorios metálicos,. De estos, 8.059 corresponden a comisadas por los Tribunales de Justicia y 13.323 a aquellas entregadas voluntariamente a las autoridades fiscalizadoras de la Ley N° 17.798. De estas últimas, 3.633 armas destruidas son armamento fiscal que fue dado de baja por las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad, gracias al convenio que existe entre la Dirección General de Movilización Nacional con Aceros AZA, que permite al Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y PDI fundir el material que haya cumplido su vida útil.
“Esta es una muy buena noticia, porque son 8 mil armas que estaban en manos equivocadas y que sacamos de circulación este año. También, hay 13 mil armas que han sido entregadas voluntariamente, saludo a la consciencia cívica a las y los ciudadanos que han entregado sus armas. Miles de armas ya no van a estar disponibles para narcotraficantes, delincuentes, para personas que quieran intimidar o usarla de mala manera”, señaló el Presidente de la República, Gabriel Boric Font.
La fundición da cuenta del compromiso adquirido por Chile para emprender acciones encaminadas a generar una mayor conciencia pública sobre los peligros de la proliferación de armas, tema recurrente en todos los foros internacionales en los que participa nuestro país.
“Estamos convencidos que nuestro compromiso con Chile va más allá de producir acero responsablemente, sino también aportar de manera concreta a la solución de problemas que aqueja a nuestra sociedad”, señaló el gerente de operaciones de AZA, Luciano Ramos.
Además, agregó que, “somos el mayor reciclador de chatarra ferrosa del país, además, nuestro acero tiene una de las huellas de carbono más bajas a nivel mundial, apuntando a un Chile más sostenible”, cerró Ramos.
El material fue previamente inutilizado, almacenado y custodiado tanto en depósitos de Carabineros y del Ejército, para finalmente ser fundido en los hornos de AZA, empresa que hace 19 años facilita sus instalaciones para destruir de manera segura y efectiva este tipo de elementos. En este lugar fueron transformadas en acero verde, el que a diferencia del que se elabora a partir de la extracción del mineral y no del reciclaje de material ferroso, evita la emisión de 55 toneladas de CO2eq, ahorra 47 m3 de agua y 151 MW/h de energía.
“Valoro, además, que estás armas las estamos destruyendo para construir, porque se funden y son convertidas en acero verde, para luego construir hospitales, carreteras y otras obras que son importantes para la ciudadanía”, enfatizó el Presidente Gabriel Boric.
“De esta manera vamos construyendo un país más seguro, con menos armas y más empleo, porque disminuir el pode de fuego de los criminales, es una de las políticas claves de los objetivos que tiene la política nacional contra el crimen organizado”, cerró el mandatario.
La actividad se enmarca en la programación anual de la Comisión Nacional de Material de Guerra de las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad Publica, compuesta por personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile, cuya tarea es proponer el destino final de las armas y demás elementos sujetos a control por la Ley 17.798 sobre Control de Armas.
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